Las medidas de protección frente a las consecuencias económicas para los españoles de la guerra de Irán han vuelto a proyectar la imagen de un Gobierno dividido y descoordinado que si todavía no se ha roto es por el ansia de mantener el cargo de sus componentes. Una vez más se ha constatado que el PSOE y sus socios de Sumar, un conjunto heterogéneo de fuerzas que va hacia la desaparición electoral, tienen modelos opuestos que permanentemente entran en colisión. A ello se une que el Ejecutivo tampoco tiene mayoría en el Congreso porque entre sus teóricos aliados conviven formaciones de extrema izquierda con otras abiertamente de derechas como el PNV o Junts. El resultado es un caos en el que para poner en marcha las medidas que deben bajar la presión de los precios sobre los ciudadanos se escenificó una ruptura en el Consejo de Ministros, cuyo comienzo se retrasó varias horas, y hubo que aprobar dos decretos, uno de ellos, de casi imposible convalidación parlamentaria, dedicado exclusivamente a las exigencias de Sumar sobre vivienda, incluida la congelación de los alquileres. El primer decreto recoge un paquete cifrado en unos 5.000 millones de euros que va a suponer una rebaja significativa del IVA –del 21% al 10%– de la luz, el gas y la gasolina. La puesta en marcha de estas medidas supondrá el ahorro de 16 a 20 euros al llenar el depósito de un coche medio. Las medidas fiscales incluidas en el plan de respuesta a la crisis de Irán van en la línea que venía defendiendo el PP por lo que cabe esperar un acuerdo entre los dos grandes partidos que facilite su aprobación en el Congreso. La guerra de Irán ha sido ya calificada como la principal crisis energética de la historia reciente. Sus principales víctimas son los ciudadanos que ven como merma el poder adquisitivo de sus salarios, con las consecuencias que ello tiene para la calidad de vida. El Gobierno estaba obligado a dar una respuesta, aunque la misma haya dejado ver su extrema debilidad.
La respuesta de un Gobierno débil a una crisis grave
