El inicio del curso político y judicial en septiembre ha devuelto a la actualidad la compleja maraña de causas que rodean al Gobierno de España. En 'La Linterna', Ángel Expósito y Gonzalo Zaballa han analizado cómo Sánchez arranca el nuevo curso entre fuegos cruzados y frentes en los tribunales. Al respecto, Zaballa ha ironizado sobre la saturación procesal del Ejecutivo: "A este paso el Consejo de Ministros se acaba celebrando en el Colegio de Abogados". En el epicentro de este escenario se sitúa Pedro Sánchez, quien, a pesar de no figurar formalmente como investigado, observa cómo su entorno más inmediato afronta graves señalamientos. Entre ellos se encuentran su esposa, Begoña Gómez, su hermano David Sánchez, sus exsecretarios de organización Santos Cerdán y José Luis Ábalos, además del asesor Koldo García, las finanzas de su formación y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. A este catálogo de causas se suman otras controversias como las del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el caso del Tito Berni o el caso Salazar. Uno de los asuntos más destacados que ha detallado Gonzalo Zaballa en 'La Linterna' atañe a José Luis Rodríguez Zapatero y el rescate de la aerolínea Plus Ultra. La operación implicó un rescate público de 53 millones de euros, una presunta comisión del 1% equivalente a 530.000 euros y el hallazgo de una caja fuerte con joyas tasadas inicialmente en 1,3 millones de euros. Las investigaciones judiciales han puesto en el foco tanto varias cuentas bancarias como la propia empresa de las hijas del exmandatario socialista. La causa cuenta con los testimonios de Julio Martínez Martínez, empresario y amigo personal de Zapatero que ha declarado que el expresidente "marcaba los pasos a seguir en el rescate", y de Julio Martínez Sola, expresidente de la aerolínea, quien ha ratificado el pago de la comisión. Aunque el entorno de Zapatero ha atribuido las piezas a una herencia familiar de su esposa, Sonsoles Espinosa, la aclaración prometida para un plazo de diez días continúa pendiente tras más de tres meses de silencio. Por otro lado, Begoña Gómez se encamina hacia un juicio con jurado popular de nueve ciudadanos por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. De forma paralela, la Audiencia Nacional mantiene abierta una pieza separada sobre Air Europa que investiga por presunta prevaricación al vicepresidente de la SEPI por la inyección de 475 millones de euros. Zaballa ha recordado al respecto que "en este Gobierno, cada vez que aparece una aerolínea, alguien se sienta en el juzgado". En relación a la trama de Santos Cerdán y José Luis Ábalos, los tribunales continúan indagando las ramificaciones sobre amaños de obra pública, comisiones irregulares, adjudicaciones directas a través de la sociedad Servinabar y el uso continuado de dinero en efectivo. Asimismo, la causa sobre Leire Díez investiga supuestas maniobras para obtener información comprometedora contra la UCO y los fiscales anticorrupción encargados del caso. El panorama judicial incluye también las indagaciones en Ceuta y la revisión de las finanzas del PSOE, un contexto en el que se debate cómo la corrupción resulta difícil de tragar para el votante socialista. Este horizonte convive con el historial de condenas e inhabilitaciones ya existentes, entre las que figuran los 24 años de prisión para Ábalos, los 19 años para Koldo García, los 9 años de inhabilitación para David Sánchez —pendiente de reintegrar más de 300.000 euros— y los 2 años de inhabilitación para Álvaro García Ortiz. Ante estas investigaciones, Gonzalo Zaballa ha descrito la activación de un protocolo recurrente desde el Ejecutivo: proclamar la "máxima confianza" en la justicia, denunciar la "máquina del fango" atribuida a la oposición, desplegar una campaña de victimismo y recurrir finalmente al argumento de que "a ese señor apenas le conozco". Como se ha expuesto en el análisis sobre la reapertura del curso político y judicial en 'La Linterna', el objetivo gubernamental pasa por aguantar hasta el final del mandato. A modo de conclusión, Zaballa ha advertido sobre la magnitud acumulada de los procedimientos que afectan a la cúpula socialista: "Cuando necesitas una hoja de Excel para recordar quién está investigado, condenado y quién ha vendido a quién, quizá el problema no sea la frutería, quizá el problema sea el dueño del huerto". El redactor ha sentenciado que, aunque Sánchez intente agotar la legislatura, corre el riesgo de haber agotado antes a los jueces, abogados y recursos materiales de la Audiencia Nacional.
"En el centro de toda la agenda judicial está Sánchez, que aunque no esté investigado, tiene en el ajo a su mujer, a su hermano, a su exsecretario de organización y su exministro de transportes, entre otros"
