La proposición de ley orgánica para la transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico a Galicia ya está rumbo al Congreso de los Diputados, después de que el pleno del Senado le haya devuelto su redacción original, aquella con la que salió del Pazo do Hórreo en diciembre de 2023. Ese regreso a sus orígenes, vía enmiendas, salió adelante con los votos del PP, que goza de mayoría absoluta en la Cámara Alta, pero tiene un elevadísimo índice de efimeridad. Porque en la Carrera de San Jerónimo, PSOE, BNG y Sumar van a reintroducir la nueva redacción que acordaron hace la pasada semana, y que cuenta con la oposición frontal no solo del PP, sino también de la Xunta, la administración llamada a asumir el traspaso.El debate giró una y otra vez en qué versión del texto es más respetuosa con lo aprobado por el Parlamento de Galicia o, por el contrario, la que mejor recoge el sentido de lo entonces acordado por unanimidad por PP, PSOE y BNG. De aquel consenso no queda ya nada. El popular José Manuel Barreiro defendió que los otros grupos «no solo no han mejorado» sino que «han empeorado» el texto, «sacando medidas que eran fundamentales desde el punto de vista del autogobierno, financiero y económico para Galicia». «Expliquen qué razones les han movido a ustedes para modificar el texto aprobado en el Parlamento de Galicia» y eliminar «una serie de circunstancias como elementos de garantía para esa transferencia». Barreiro se dirigió al BNG para preguntarle por la eliminación de «una disposición adicional que recogía, precisamente, que tenía que ser el Estado el que se hiciese cargo de unas posibles indemnizaciones» derivadas de la anulación de la prórroga, y que los nacionalistas habían introducido en el trámite legislativo autonómico.Carme da Silva, después de explicarle a los senadores la historia reciente de la AP-9 y sus distintas vicisitudes, insistió en que «el acuerdo garantiza la transferencia de la titularidad, la gestión completa de las bonificaciones conseguidas por el BNG y blinda a la Xunta» ante eventuales responsabilidades económicas por una anulación judicial de la prórroga. «No mientan», censuró al PP, «se blinda todo», aunque reconoció que muchos de los detalles se derivan a «una negociación bilateral», palabra «que les da sarpullidos». «¿Será que tienen miedo de la capacidad de Rueda para negociar?», se planteó la senadora nacionalista, que acabó reprochándole al presidente de la Xunta que no asuma los logros que atribuyó a su formación, como la quita de deuda, el sistema de financiación o el traspaso de la autopista.Para el socialista César Mogo, el PP emplea «un relato averiado» y justificó que el Congreso retocara el texto original porque las Cortes no son «una gestoría» que se limita a «poner el sello» de lo que remiten los parlamentos autonómicos. «Llevan 25 años engañando con la AP-9 y hoy se acaba el engaño», sostuvo, «nunca quisieron el traspaso; vendieron la concesión, la privatizaron y ustedes aplaudieron», y si ahora la impulsaron desde Galicia fue porque lo vieron «como una oportunidad de confrontar» con el Gobierno de Pedro Sánchez. «Ustedes van a votar en contra de un texto que votaron ustedes en el Parlamento», le replicó Barreiro, «digan claramente por qué se cambia la voluntad del pueblo gallego».MÁS INFORMACIÓN noticia Si Rueda: la transferencia de la AP-9 pactada por PSOE y BNG «es una estafa»Más expeditiva, la senadora Nidia Arévalo reprochó a PSOE y BNG que «lo que traen es una apariencia de transferencia, pero no tiene nada que ver con lo que aprobó el Parlamento». A su juicio, acusó a izquierda y nacionalistas de «venir a blindar al Estado, a limitar sus responsabilidades», cuando «Galicia no construyó la AP-9, ni la prorrogó, ni la concesionó» y «ustedes van a votar que el Estado se pueda lavar las manos». «Van a votar que si Galicia quiere bajar los peajes, ampliar los descuentos, mejorar la infraestructura o si surgen problemas o imprevistos, Galicia paga», interpretó. «Se va a transferir la titularidad y toda la gestión de la AP9 a Galicia», matizó Da Silva, «y se va a transferir blindando económicamente las obligaciones de la Xunta». El texto legal sigue su camino de regreso al Congreso. Allí se materializará la transferencia. La duda es cómo.
El Senado devuelve 'corregida' al Congreso la ley para traspasar la AP-9 a Galicia
