Llevamos ya casi tres años de legislatura y todavía no se han presentado ni unos presupuestos y todo indica que no se van a presentar o al menos que no se van a aprobar. Será algo inédito en la historia de la democracia española y la excusa de que la economía sigue creciendo y creando empleo no parece suficiente para justificar que las cuentas públicas son necesarias. De hecho esta semana hemos conocido un informe del Tribunal de Cuentas que denuncia cómo se han usado créditos de fondos europeos para otros fines, como el pago de pensiones.Gobernar se puede gobernar, lo estamos viendo, pero también estamos viendo cómo se están realizando trampas contables para cuadrar las cuentas, aunque sea a martillazos. Los presupuestos han sido, son y serán la mejor herramienta para marcar las prioridades de cualquier política económica y por mucho que la debilidad parlamentaria y la obstinación del Gobierno, y en concreto de su presidente, de no acudir a las urnas ante el temor de perder el poder, le lleve a hacer malabarismos para mover créditos presupuestarios de unas partidas a otras, lo cierto es que estas prácticas no parecen las más adecuadas, al menos en lo que a transparencia se refiere.La presentación de presupuestos no es solo una obligación constitucional, que el Gobierno lleva incumpliendo toda la legislatura. Si el Ejecutivo cambia sus prioridades, como lo está haciendo, y quiere invertir más en defensa, como lo está haciendo, este cambio de prioridades presupuestarias debería ser aprobado por el Parlamento, al que se le está negando su prerrogativa. Usar, como se está usando, una ley aprobada en un momento de grave crisis como la pandemia, y con un fin específico como era hacer frente a los costes derivados de la misma, para poder incrementar unos gastos o recortar otros en situaciones que no tienen nada que ver con el Covid, puede provocar reproches, o algo más duro, por parte de los órganos fiscalizadores.Como informó ABC el pasado martes, el Ministerio de Hacienda usó en 2024 recursos sobrantes de los fondos europeos del Plan de Recuperación para pagar una parte de la factura de las pensiones , según ha denunciado el Tribunal de Cuentas en su informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024. Y al día siguiente, contábamos que no solo fue dinero para pagar pensiones, que el Gobierno preparó el terreno desde los primeros compases de 2024, antes incluso de renunciar a la presentación del proyecto de Presupuestos allá por el mes de marzo, para poder disponer sin restricciones de los créditos sobrantes de los fondos europeos para cubrir las necesidades de gasto que se le fueran presentando.La UE está analizando la situación porque lógicamente estos fondos tienen que tener como destino los proyectos enmarcados dentro de los objetivos del Plan Recuperación y no se pueden desviar para otros fines. Pero es cierto que desde la Comisión se apunta que del mismo modo que hay fondos que adelantan los Estados para proyectos que luego se financian con fondos UE, hasta que llegan esos fondos, también se pueden usar temporalmente fondos UE para otros fines, siempre que al final todo cuadre. Hay otros que no son tan comprensivos y el sindicato Manos Limpias ya ha puesto una demanda en los tribunales por esta desviación de fondos.Está claro que los Presupuestos son necesarios y que gobernar sin ellos no solo es difícil y poco transparente, sino que, además, tiene muchos riesgos. Veremos a ver qué dicen los tribunales.
Cuadrar las cuentas a martillazos