El Gobierno central ha decidido dar un paso atrás en sus exigencias para regular la creación de los centros de datos en España, esa normativa que desde su fase de borrador ya ha generado una preocupación importante entre los inversores y en territorios que, como Aragón, ya contaban con su desembolso milmillonario. El nuevo texto del real decreto estatal optaba ahora, ante el aluvión de críticas, por flexibilizar sus requisitos ambientales y de seguridad digital que pretendía aplicarles: propone darles cinco años de plazo para cumplir las obligaciones de que el 80% de su electricidad sea renovable a cambio de que Red Eléctrica pueda ordenar la desconexión de las instalaciones si es necesario para evitar problemas en el sistema eléctrico. Pero lejos de aplacar ese malestar y atajar cualquier incertidumbre, ha aumentado el estado de nerviosismo generalizado y redoblado los ataques al Ejecutivo, que se ve ahora con un frente común contundente, el de la patronal de las grandes tecnológicas junto a los gobiernos autonómicos que se sienten damnificados. Y sobrevuela una peligrosa derivada, la de mirar a los tribunales para tumbar la normativa que se busca mientras se añade más combustible al fuego encendido a las puertas de la campaña electoral. Y a esto ahora se suma otro elemento en contra del Gobierno de Pedro Sánchez, la sensación de agravio comparativo que Aragón y otras comunidades ya han puesto de manifiesto por el trato de favor que consideran que se está dispensando a proyectos en Cataluña como el de la gigafactoría, que no estaría sujeta a tantas exigencias. Objetivamente el trato diferencial existe, también la justificación técnica para que este se produzca dentro de ese real decreto, pero eso no significa que sea válido o asumible. El escenario que se le presenta al Ejecutivo es casi insostenible: por un lado, con el «rechazo absoluto y masivo» del sector, que vaticina la «muerte» del mismo en España por una paralización en cadena de proyectos anunciados, y por otro, con la oposición del PP y Vox, que gobierna en la mayoría de las comunidades, usando como arma arrojadiza en plena precampaña un decreto ley que en la calle no parece estar llegando con todos los matices importantes para fijar una opinión.
Aragón estalla con el decreto de los ‘data center’
